14 de enero de 2018

Los buitres españoles reconocen la frontera hispanolusa y no la traspasan

La revista Biological Conservation en el volumen 219, de mazo de 2018, publicará el artículo "Invisible barriers: Differential sanitary regulations constrain vulture movements across country borders", que traducido sería "Barreras invisibles: diferentes políticas sanitarias restringen el movimiento de los buitres a través de fronteras nacionales", de Eneko Arrondo, Marcos Moleón, Ainara Cortés-Avizanda, José Jiménez, Pedro Beja, José A. Sánchez-Zapata y José A. Donázar. Su resumen traducido es el siguiente: "Es bien sabido que las fronteras políticas pueden convertirse en barreras ecológicas. Sin embargo, no es esperable que este fenómeno ocurra dentro de regiones como la Unión Europea, donde los países miembros deben atenerse a regulaciones comunes. En este trabajo constatamos como las fronteras pueden existir incluso para las grandes aves carroñeras, de especies con grandes capacidades de movimiento y en teoría más insensibles a los límites administrativos. En dicho trabajo, y gracias al seguimiento GPS de 60 individuos de buitre leonado (Gyps fulvus) y 11 de buitre negro (Aegypius monachus), se observó cómo la frontera entre España y Portugal, actúa como una barrera casi impermeable para las dos principales aves carroñeras ibéricas. Ambas especies evitan adentrarse en territorio portugués por razones que no corresponden con el uso del suelo, la topografía o la densidad de ganado a ambos lados de la frontera. Por tanto la explicación ha dicho fenómeno debe ser únicamente de tipo humano: España ha vuelto a permitir el abandono de animales muertos en el campo después de que fuese prohibido a raíz de la enfermedad de las “vacas locas”. Portugal, sin embargo, sigue manteniendo la obligatoriedad de enterrar o incinerar los cadáveres animales. En la práctica, esto se traduce en que el territorio portugués no ofrece recursos tróficos a las aves carroñeras que en consecuencia evitan, campear en aquel país. Nuestros resultados deben servir como llamada de atención para los políticos y gestores medioambientales. La flexibilidad que permiten las disposiciones de la Comisión Europea a los estados miembros puede tener impactos impredecibles sobre la biodiversidad debido a interpretaciones desiguales de una misma normativa".

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